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¿Qué es el Catastro Multipropósito?

En primer lugar es importante definir el catastro, un término que para muchos puede resultar ajeno o muchas veces extraño o muy técnico.

El catastro es la herramienta mediante la cual se realiza un censo estadístico de los bienes inmuebles de una determinada población que contiene la descripción física, económica y jurídica de las propiedades rurales y urbanas. En pocas palabras, es una “radiografía” a los inmuebles que  permite conocer la realidad física y la composición de los mismos, incluyendo sus cambios a través del tiempo (forma, linderos, construcciones, reservas ambientales, hídricas, etc.).

Además, este tiene una importancia específica para el respectivo cobro del impuesto predial unificado ya que sirve para determinar la base gravable del mismo y para fines de trámites de licencias urbanísticas ante las secretarias de planeación de los municipios. Recordemos que estas se nutren directamente de la base de datos que proporcione la entidad a cargo de actualizar el catastro, en este caso, el Instituto Geográfico Agustin Codazzi-IGAC-.

El catastro multipropósito que se plantea actualmente pretende modernizar la manera en que se realiza el inventario de predios en Colombia. Se le denomina “multipropósito” ya que con las nuevas tecnologías disponibles no solo se plantea tener un inventario físico adecuado sino que adicionalmente se pretende tener una base de datos incorporando nuevos desarrollos en materia de tecnologías de la información para dar un enfoque de competencia y apertura al mercado con la promoción del uso de la información catastral, más allá de los fines fiscales.

¿Para que sirve?

Ahora bien, el catastro en Colombia data de 1821 cuando se pretendió realizar un inventario de tierras en el país con el fin de establecer una tasa de tributación para la guerra de independencia. Desde entonces, ha tenido múltiples reformas, siendo la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios la última gran reforma del catastro en Colombia. 

El catastro multipropósito entonces tiene como fin modernizar el método de realizar el inventario y de tomar la “foto” a los predios actualmente en Colombia. Aprobado mediante documento CONPES 3958 de 2019, la esencia del mismo es “(…) la implementación de la política pública de catastro multipropósito, que permita contar con un catastro integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información”. 

La idea es reemplazar la metodología actual con la cual, hasta el año 2019, únicamente se logró que el 28,9% del país no contara con un censo actualizado y exacto. Además, se estima que el 66% del territorio colombiano cuenta con información desactualizada, y que tan solo un 5,68% del territorio tiene información procesada y actualizada. Esto se traduce en inseguridad jurídica, no solo para los propietarios o la ciudadanía, sino que además las entidades que se nutren de este inventario (Oficina de Registro, Agencia Nacional de Tierras, entidades municipales de planeación, hacienda, entre otros) no cuentan con las herramientas para resolver solicitudes de índole inmobiliario y desarrollo del ordenamiento territorial.

Además, el promedio de desactualización catastral de los municipios es de 12,2 años, lo cual supera en más del doble el plazo de cinco años que establece la Ley 14 de 1983, Ley 223 de 1995 y la Ley 1450 de 2011 para realizar actualizaciones.

Entonces ¿Cuál es la problemática del antiguo catastro?

Como primera medida la normativa vigente, los esquemas financieros y la ausencia de sistemas de monitoreo y seguimiento dificultaban los procesos de gestión catastral; así mismo, como se mencionó anteriormente, las metodologías de formación y actualización, así como las de valoración presentaban limitaciones para capturar la realidad de los predios, las construcciones y el territorio; y los resultados de la gestión catastral se ven limitados por las capacidades institucionales y de recursos humanos, los insumos cartográficos y los sistemas de información, así como falta de coordinación administrativa del catastro con el registro.

Esta situación lleva a que un simple trámite como el de aclaración de cabida y linderos tarde como mínimo 3 años en resolverse, y en la mayoría de ocasiones, aun mas; por lo que la seguridad jurídica en estos trámites se torna insoportable para inversionistas locales e internacionales quienes desisten de proyectos productivos o de desarrollo constructivo en vista a que el insumo por excelencia de estos es la tierra. Al no tener un terreno bien definido en cuento a áreas y linderos se refiere, resulta imposible iniciar cualquier trámite ante las respectivas secretarías de planeación en el territorio nacional, por lo que lastimosamente esta situación de demora deriva muchas veces en fraude y en apropiación ilegal de predios vecinos, e incluso, en nulidad de los actos administrativos que aprueban las autoridades.

La idea entonces del catastro multipropósito, según el CONPES, es:

  • Estimar valores catastrales más precisos, mediante la identificación, adopción e implementación de estándares técnicos;
  • Realizar plena identificación física y jurídica de los predios públicos y privados;
  • Garantizar la interrelación catastro-registro y contar con una norma integradora para ello; y
  • Fortalecer la institucionalidad catastral y adecuar mecanismos para mejorar el acceso e interoperabilidad de la información.

Para poner en ejecución estos objetivos, fue creado entonces el Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien es el encargado de formular lineamientos generales de política y coordinar y articular la implementación de políticas públicas en materia de ordenamiento del suelo rural considerando factores ambientales, sociales, productivos, territoriales, económicos y culturales, entre otros.

Así mismo, para poner en marcha el catastro multipropósito se habilitación ciertos gestores catastrales para la ejecución de la gestión catastral como servicio público, a través de las entidades territoriales y otras entidades públicas. Así, se iniciaron varios proyectos piloto con municipios a cargo de grandes extensiones de terreno de acuerdo a sus jurisdicciones.

¿En que va?

De acuerdo con el CONPES 3958 de 2019 se aprobaron 2 empréstitos externos por una suma total de hasta 150 millones de Dólares y los cuales ya obtuvieron concepto favorable de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para la contratación de estas operaciones.

Sin embargo, a la fecha el avance es lento debido a que los gestores catastrales, en su gran mayoría municipios que no tienen un protagonismo importante en la gestión territorial, no han avanzado de manera correcta con el inventario y con la implementación de las herramientas proporcionadas. Así mismo, no se evidencia que entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- hayan robustecido su infraestructura técnica y de personal para poner en marcha el catastro multipropósito, lo cual deriva en burocracia tradicional además de ser esta entidad monopolio del inventario de tierra en Colombia. De esta manera, si bien hay presupuesto aprobado no existe infraestructura para aplicar las nuevas tecnologías de inventario rural en el país.

Con base en lo anterior, si bien el proyecto de catastro multipropósito cuenta con aprobación de presupuesto, a la fecha solo se han ejecutado 11,9 millones de dólares. Dicha financiación se encuentra en riesgo por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo-BID por el bajo avance del programa. El problema de la demora deriva en dos situaciones: (i) La pandemia generada por el Covid-19 en 2020 y; (ii) Los procesos de consulta previa pues resulta imposible realizar el trabajo de campo en municipios con presencia de grupos étnicos. A pesar de lo anterior y de contar con amplios recursos, el gran reto del nuevo gobierno será poner en marcha el catastro multipropósito que se espera traiga más beneficios y no un detrimento patrimonial y demora en la identificación de los inmuebles.