A la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le sobran sombreros.<\/p>\n\n\n\n
Antes de la actual Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C. Pol.), el sistema penal colombiano se identificaba con la premisa de la plena competencia del juez. Eran jueces quienes hac\u00edan la instrucci\u00f3n, y eran los mismos jueces quienes fallaban el asunto. Esto, que hoy suena tan raro, fue modificado en la Carta de 1991, cuando se cre\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (FGN), que recibi\u00f3 funciones de investigaci\u00f3n, calificaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, para que fueran los jueces quienes evaluaran el asunto en la etapa del juicio, y dictaran la sentencia correspondiente.<\/p>\n\n\n\n
Ese prop\u00f3sito de separar ese tipo de funciones (las de investigar y las de decidir) no ha sido exclusivo del r\u00e9gimen penal. En materias disciplinaria y fiscal persiste la discusi\u00f3n acerca de las funciones de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (PGN) y de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica (CGR), que han sido analizadas incluso por \u00f3rganos internacionales, donde se ha concluido que el pa\u00eds deber\u00eda emprender reformas para que sean los jueces los que o bien decidan o bien revisen a tiempo las decisiones tomadas en estas materias.<\/p>\n\n\n\n
En todo este boscaje de \u00f3rganos, art\u00edculos, facultades e incisos han pasado por debajo del radar los casos de las autoridades administrativas, en las que persiste esa dualidad: la propia entidad investiga para convencerse a s\u00ed misma de que debe imponerse o no una sanci\u00f3n. Aunque ese es el principio del procedimiento administrativo sancionatorio (el famoso PAS, de por s\u00ed censurable por estas mismas razones), esto se torna a\u00fan m\u00e1s complicado en aquellos casos en los que tales autoridades echan mano de facultades casi jurisdiccionales al tramitar las investigaciones. Tal es el caso de la SIC.<\/p>\n\n\n\n
Deteng\u00e1monos antes en la arquitectura institucional de esta entidad, y es aqu\u00ed a donde acudimos a la alegor\u00eda del sombrero: si por \u201csombrero\u201d aludimos a los oficios que desempe\u00f1a una persona (el de polic\u00eda, el de bombero, etc.), es claro que la SIC es, quiz\u00e1, la que m\u00e1s carga con estos accesorios: es la autoridad nacional en materia de competencia econ\u00f3mica, con pocas excepciones (v. gr., en materia aeron\u00e1utica); tiene autoridad en materia de protecci\u00f3n de datos; es la entidad encargada del registro de la propiedad industrial (marcas, patentes e invenciones); debe velar por la protecci\u00f3n de los derechos de los consumidores, y; ostenta facultades jurisdiccionales a prevenci\u00f3n frente a los jueces ordinarios en diversas materias. El ejercicio de estas facultades va mucho m\u00e1s all\u00e1: en algunos casos, por ejemplo, debe dar concepto acerca de la conformidad de ciertas regulaciones con el r\u00e9gimen de competencia (lo que la convierte, en cierta forma, en actor normativo negativo), o puede ordenar la recolecci\u00f3n inmediata (recall<\/em>) de cualquier producto que estime como da\u00f1ino, esto solo por citar dos ejemplos, sin dejar de decir que, hasta hace muy poco, era tambi\u00e9n la encargada de vigilar a las C\u00e1maras de Comercio.<\/p>\n\n\n\n Se trata, entonces, de una entidad con un poder descomunal, y cuya mesura solo depende de la que, a su turno, haga gala el titular de la entidad. Por fortuna, hasta el momento hemos tenido superintendentes mesurados, aunque en alg\u00fan caso con m\u00e1s afanes medi\u00e1ticos, pero hay que decir que ninguno ejerci\u00f3 de manera desaforada sus facultades.<\/p>\n\n\n\n En otros reg\u00edmenes, todas esas facultades se encuentran o bien adscritas a varias entidades con el fin de que sean m\u00e1s especializadas (lo que, para el caso, al menos ocurri\u00f3 con el Instituto Nacional de Metrolog\u00eda, cuyas facultades otrora tambi\u00e9n eran de la SIC) o bien se han establecido modelos donde la autoridad administrativa obra m\u00e1s como una fiscal\u00eda para acusar ante los jueces a quienes infringen las disposiciones.<\/p>\n\n\n\n Y con este panorama vamos, entonces, a las ingentes facultades que tiene la SIC en materia de investigaciones. Aunque la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-165 de 2019, reconoci\u00f3 la constitucionalidad de esas facultades, resulta inevitable considerar que la Corte lo hizo por el prurito de evitar quitarle dientes a las facultades de protecci\u00f3n de la competencia y no dejar vac\u00edo el r\u00e9gimen mientras el legislador (que rara vez mira estos asuntos) exped\u00eda una nueva normativa.<\/p>\n\n\n\n Es que resulta exagerado ver, por ejemplo, c\u00f3mo a la FGN le toca pedir permiso a un juez de garant\u00edas para solicitar cierto tipo de medidas por las implicaciones que puedan tener frente a derechos fundamentales (intimidad, debido proceso, entre otros), mientras que la SIC puede hacer las mismas pesquisas sin preguntarle a nadie. En la pr\u00e1ctica, entre un allanamiento y una visita administrativa no hay diferencia sino en el nombre, pero mientras el primero requiere de una orden judicial previa, en el caso de la segunda ella no es necesaria.<\/p>\n\n\n\n Podr\u00edamos citar ejemplos de c\u00f3mo la SIC ha echado mano de forma exagerada de estas facultades, e incluso de c\u00f3mo, en cierta forma, ha rotulado como obstrucci\u00f3n al leg\u00edtimo ejercicio de oposici\u00f3n a una visita administrativa. Pero la pregunta que cabr\u00eda hacer es \u00bfest\u00e1 bien que una sola entidad atesore tantas facultades, sin m\u00e1s contrapeso real que su propia voluntad? Porque, aunque sus actuaciones son justiciables en la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso-administrativo, la proverbial demora de la Rama Judicial hace llegar las soluciones cuando suele ser ya muy tarde, sumado al factor de desconocimiento que suele existir respecto de los asuntos estudiados por la SIC.<\/p>\n\n\n\n No nos cabe duda de que esto merece, al menos, un debate serio, del que esperamos poner la primera piedra. Aguardamos sus comentarios.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le sobran sombreros. Antes de la actual Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C. Pol.), el sistema penal colombiano se identificaba con la premisa de la plena competencia del juez. Eran jueces quienes hac\u00edan la instrucci\u00f3n, y eran los mismos jueces quienes fallaban el asunto. Esto, que hoy suena tan raro, […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1075,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1074","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"yoast_head":"\n