{"id":1042,"date":"2023-02-14T16:29:49","date_gmt":"2023-02-14T16:29:49","guid":{"rendered":"https:\/\/solvere.legal\/?p=1042"},"modified":"2023-02-14T16:31:22","modified_gmt":"2023-02-14T16:31:22","slug":"el-riesgo-indemnizatorio-de-la-reforma-al-sistema-de-salud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solvere.legal\/en\/el-riesgo-indemnizatorio-de-la-reforma-al-sistema-de-salud\/","title":{"rendered":"El riesgo indemnizatorio de la reforma al Sistema de Salud"},"content":{"rendered":"

En materia de servicios p\u00fablicos, nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C. Pol.) opt\u00f3 por un modelo que pudi\u00e9ramos denominar como mixto: permite al sector privado participar en la prestaci\u00f3n de dichos servicios, sin que esto signifique que el Estado est\u00e9 impedido para hacerlo. Eso s\u00ed, el Estado se reserv\u00f3 la facultad de vigilar y regular su prestaci\u00f3n, como debe ser en un modelo pol\u00edtico y econ\u00f3mico como el nuestro.<\/p>\n\n\n\n

En el imaginario colectivo se piensa que la categor\u00eda de servicio p\u00fablico se reserva a los servicios domiciliarios (agua y alcantarillado, energ\u00eda el\u00e9ctrica, gas natural, etc.), pero esa noci\u00f3n es mucho m\u00e1s amplia. En la sentencia C-075 de 1997, la Corte Constitucional explic\u00f3 que los servicios p\u00fablicos corresponden a \u201caquellas actividades que el Estado tiene el deber de prestar a todos los habitantes del territorio nacional, de manera eficiente, regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma directa, o mediante el concurso de los particulares, con el prop\u00f3sito de satisfacer las necesidades de inter\u00e9s general que la sociedad demanda<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Hasta aqu\u00ed, puede apreciarse que el de salud podr\u00eda ser considerado como un servicio p\u00fablico. La duda queda zanjada al revisar la propia Constituci\u00f3n. El art\u00edculo 49 de la C. Pol. se\u00f1ala que \u201cLa atenci\u00f3n de la salud y el saneamiento ambiental son servicios p\u00fablicos a cargo del Estado<\/em>\u201d. Con todo, la prestaci\u00f3n del servicio en cuesti\u00f3n no est\u00e1 reservada al Estado: la misma norma, en su inciso segundo, destaca que el Estado debe \u201cestablecer las pol\u00edticas para la prestaci\u00f3n de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Entonces, estamos ante un punto pac\u00edfico: el servicio de salud es un servicio p\u00fablico. Se trata, de manera m\u00e1s concreta, de uno en el que participan los particulares de diferentes maneras. La Ley 100 de 1993 estableci\u00f3 dos categor\u00edas societarias o institucionales, en las que el sector privado tiene amplia participaci\u00f3n: las empresas promotoras de salud (EPS), y las instituciones prestadoras de servicios (IPS). Ambas son protagonistas indiscutibles del sistema, a tal punto que puede decirse que sin ellas no podr\u00eda concebirse el sistema actual.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto de ley radicado por el Gobierno de Colombia contempla una modificaci\u00f3n radical al modelo de prestaci\u00f3n del servicio de salud, en el que las EPS dejar\u00edan de participar en buena parte de las actividades en las que hoy en d\u00eda intervienen, destacando por sobre todas ellas la p\u00e9rdida de los roles de administraci\u00f3n de los recursos y de la contrataci\u00f3n de las IPS, as\u00ed como la p\u00e9rdida de sus afiliados, cuestiones que asumir\u00eda una entidad estatal de nuevo cu\u00f1o. M\u00e1s all\u00e1 de las minucias, lo cierto, desde una perspectiva general, es que las EPS modificar\u00edan de manera fundamental su modelo de negocio y su participaci\u00f3n en el sistema, para pasar a ser un actor con una participaci\u00f3n casi testimonial.<\/p>\n\n\n\n

Por supuesto que nadie pone en duda que el Estado es libre de modificar las condiciones de la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico determinado. Pero esa decisi\u00f3n supone consecuencias. Como dec\u00edamos, el de salud es un servicio p\u00fablico y, al serlo, est\u00e1 sujeto a las disposiciones constitucionales sobre la materia. El art\u00edculo 365 de la C. Pol. se\u00f1ala que si \u201cpor razones de soberan\u00eda o de inter\u00e9s social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayor\u00eda de los miembros de una y otra c\u00e1mara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estrat\u00e9gicas o servicios p\u00fablicos, deber\u00e1 indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad l\u00edcita<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Con este panorama, \u00bfpodr\u00edan decir las EPS que la reforma, en la pr\u00e1ctica, las priva de prestar este servicio p\u00fablico y, por tanto, se les impide el ejercicio de una actividad l\u00edcita? \u00bfSe ha previsto este escenario? Y en el caso de tener que pagar indemnizaciones, \u00bfc\u00f3mo se calcular\u00edan? Quiz\u00e1 el posible da\u00f1o emergente consistir\u00eda en percibir el pago de la capacidad instalada que pasar\u00eda a ser ociosa, y el lucro cesante lo constituir\u00eda la p\u00e9rdida de la utilidad esperada por un tiempo que podr\u00eda fijarse por distintos factores (duraci\u00f3n de la sociedad, duraci\u00f3n de la habilitaci\u00f3n, etc.).<\/p>\n\n\n\n

Pero ac\u00e1 no se detiene el asunto: la norma constitucional dispone que la indemnizaci\u00f3n debe ser previa y plena. Si el juez natural decide que la norma es aplicable para este caso, el Estado estar\u00eda obligado a hacer ese desembolso antes de echar a andar el nuevo sistema. \u00bfC\u00f3mo se armonizar\u00eda esa necesidad de pago con los presupuestos plurianuales del Plan de Desarrollo, con los presupuestos anuales y, por supuesto, con las disposiciones legales sobre el pago de indemnizaciones?<\/p>\n\n\n\n

Y en el plano internacional surgen m\u00e1s preguntas. \u00bfRespeta esta reforma el principio de neutralidad competitiva por el que aboga la OCDE (de la que el pa\u00eds hace parte), o puede decirse que se trata de una iniciativa del Estado por eliminar la competencia con el sector privado? Ni qu\u00e9 decir de los inversionistas extranjeros, que han invertido en el capital de las EPS: \u00bfpueden llevar al pa\u00eds a disputas por los cambios normativos con el fin de ser indemnizados?<\/p>\n\n\n\n

El debate apenas comienza. Desde esta tribuna estaremos muy atentos.<\/p>\n\n\n\n

Por:<\/em><\/p>\n\n\n\n

Wilson Castro Manrique<\/em>
<\/a>Partner<\/em>
Solvere<\/em>
wcastro@solvere.legal<\/em><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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