La ineficiencia de las entidades públicas. 20 de febrero de 2024.

Oscar Mario Botero Restrepo-Socio director del área de Derecho Inmobiliario & Urbanístico

En la práctica del derecho urbanístico es bastante frecuente tener que acudir a las entidades nacionales y distritales para efectos de sanear y perfeccionar los predios con el fin de “regularizar” y actualizar su realidad física. No siempre los predios y edificaciones se encuentran actualizadas en las bases de datos de las ciudades y los municipios, por lo que es fundamental darle una ayuda a las entidades catastrales y nacionales (IGAC) con el fin de determinar la realidad física de los inmuebles.

Esto en la teoría suena como un trámite rutinario y del cual las autoridades parecieran tener cierta diligencia, sin embargo en la práctica se convirtió en un proceso tortuoso y prácticamente de imposible cumplimiento. Es bastante frecuente tener que acudir a las entidades y no obtener respuesta alguna a las solicitudes, y si se tiene suerte, el exceso de normatividad y actualizaciones en la regulación hace imposible tener actualizada la solicitud. Lo anterior si se tiene suerte de que el funcionario de turno no pierda el expediente o, peor aún, no le hayan renovado el contrato de trabajo y la solicitud caiga en manos inexpertas que conlleven a realizar nuevamente el trámite.

Solo vale poner de ejemplo la denominada actualización de cabida y linderos ante el IGAC o ante las autoridades catastrales, dicho trámite hace algunos años tomaba entre 6 a 9 meses (término que incluso era bastante largo). Ahora, dicho trámite puede llegar a tomar 5 años, incluso más.

¿Los perjudicados?

Todos, especialmente los propietarios de inmuebles y proyectos de desarrollo urbanístico, los cuales no pueden continuar hasta tanto se aclare la cabida y linderos de los inmuebles, por lo que prácticamente se hace imposible el desarrollo urbanístico de nuevas parcelaciones y proyectos que pretenden beneficiar los catastros y por supuesto, el cobro de los respectivos impuestos prediales.

Es tanta la demora y eternidad de estos procesos que, los desarrolladores ya tienen en cuenta este termino para poder determinar la viabilidad del proyecto, y en muchos otros casos, los constructores prefieren tener la contingencia de tener un predio irregular o “no sano”, en vez de esperar años y años para iniciar el proyecto.

Entre tanto, a los usuarios del sistema nos toca someternos a una eternidad de tramites, e incluso, la interposición de tutelas para que se nos ampare el derecho al acceso a la administración pública y al desarrollo de la iniciativa privada. Eso sí, también es bastante frecuente la petición de dadivas y el fomento de la corrupción para que el funcionario le “mueva” la solicitud, cosa que por principio, ni nuestros clientes ni en nuestra práctica profesional tenemos permitido por principio.