El pasado 27 de diciembre de 2021, la DIAN, mediante Resolución 000164 estableció como plazo máximo el 31 de diciembre de 2022 para realizar la debida diligencia y la inscripción en el Registro Único de Beneficiarios Finales (“RUB”). Sin embargo, mediante la Resolución 1240 con fecha 28 de septiembre de 2022, la DIAN extendió dicho plazo hasta el 31 de julio de 2023.
Al respecto, se debe considerar como beneficiario final de las personas jurídicas, a las personas naturales que se enmarquen en alguna de estas tres (3) situaciones, en el siguiente orden:
- La persona que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco (5%) o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades.
- La persona que, actuando individual o conjuntamente, ejerce control directo y/o indirecto sobre la persona jurídica que por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el punto A.
- En caso que no se identifique ningún beneficiario final, la Resolución establece que se considerará como tal a la persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.
Por su parte, los beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica (ESPJ) o similares deben ser entendidas como las personas naturales que ostenten cualquiera de las siguientes calidades:
- Fiduciante (s), fideicomitente (s), constituyente (s) o la posición similar o equivalente.
- Fiduciario (s) o posición similar o equivalente
- Comité fiduciario, comité financiero o posición similar equivalente.
- Fideicomisario (s), beneficiario (s) o beneficiario (s) condicionados
- Cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo/final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades de la (ESPJ).
Con todo, es importante mencionar que el RUB se creó con el objetivo de contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la financiación al terrorismo, la evasión fiscal y el abuso en materia tributaria.
